Fotomultas

La Crónica del Quindío | Frontera Informativa | Armenia

Desde la administración municipal de Calarcá se recalcó que los límites de velocidad fueron impuestos por el ministerio de Transporte.

Luego de que la Procuraduría Provincial de Armenia sancionara en primera instancia al alcalde Juan Carlos Giraldo Romero, con una suspensión e inhabilidad especial de 12 meses para ejercer cargos públicos, por las presuntas irregularidades que cometió en la conformación de la empresa Trans Port Tech SAS, uno de los principales interrogantes de la comunidad es saber qué pasará con las fotomultas en esa localidad.

Jhon Jairo García Muñoz, abogado experto en temas de tránsito que fue consultado por La Crónica del Quindío, señaló: “El fallo de la Procuraduría fue muy laxo, pues el tema de las fotomultas en Calarcá tiene más de una inconsistencia. Aunque no se puede lanzar ningún juicio hasta tanto no se tenga el fallo en segunda instancia, es claro que si los comparendos fueron impuestos a los conductores con base en un contrato mal fundamentado, la alcaldía y la empresa Trans Port Tech, deben devolver el dinero recaudado”.

El profesional del derecho destacó dos factores que según él, definen algunas de las irregularidades que se vienen cometiendo:

1- Violación a los principios de contratación. Si bien se utilizó la contratación directa para la creación de Trans Port Tech, no quiere decir que la administración municipal no deba cumplir con unos requisitos de ley para llevar a cabo ese proceso. Además, es falso que en Colombia solo haya una empresa en capacidad de operar un sistema de fotomultas.

2- Los recursos provenientes de las sanciones de tránsito son de destinación específica, tal como se expone en el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito. Estos dineros deben dirigirse a educación, planes de tránsito, estrategias de seguridad vial, entre otros factores. El alcalde no puede disponer de esos recursos, mucho menos para pagar un pasivo, como se supone se está haciendo con la empresa Trans Port Tech, a quien se le deben cancelar más de $4 mil millones.

En ese sentido, Jhon Bairo Cohecha, asesor jurídico de la alcaldía de Calarcá, explicó que de ratificarse la sanción contra Juan Carlos Giraldo Romero, Trans Port Tech SAS seguiría imponiendo fotomultas con normalidad, pues nadie hasta el momento ha demandado la nulidad de la empresa. “Una cosa es la sanción que le impongan al alcalde por un presunto error en un proceso administrativo, y otra muy diferente es que demanden la nulidad de la empresa ante el tribunal contencioso administrativo, cosa que no ha pasado”.

El asesor jurídico aseguró que Trans Port Tech no se cuestiona, pues está cumpliendo con la labor para la que fue creada.
Respecto a la distribución de los recursos provenientes de las multas de tránsito, Cohecha aseveró que ese dinero no ha sido tocado por la administración, pero que será invertido tal como lo indica el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito en programas de educación vial, planes de tránsito, semaforización, estrategias de seguridad vial, entre otros.

¿Son legales las fotomultas?

Según el abogado Jhon Jairo García Muñoz, experto en legislación de tránsito, “la alcaldía de Calarcá, a través de la subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial, y la empresa Trans Port Tech SAS, deberán devolver los dineros que han recaudado por medio de las fotomultas en el municipio, porque las sanciones impuestas carecen de sustento jurídico”.

Sostuvo que independiente de la forma en que fue conformada la empresa Trans Port Tech SAS, los comparendos carecen de un soporte legal, pues están vulnerando la ley 769 de 2002, específicamente en el artículo 107, que reza: “Límites de velocidad en zonas rurales. La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de 80 kilómetros por hora. En los trayectos de las autopistas y vías arterias en que las especificaciones de diseño y las condiciones así lo permitan, las autoridades podrán autorizar velocidades máximas hasta de 100 kilómetros por hora por medio de señales adecuadas”.

Por su parte, Jhon Bairo Cohecha, asesor jurídico de la alcaldía de Calarcá, aseguró que la señalización de la vía en el sector de Combia fue demarcada por el ministerio de Transporte con base en el decreto 015 de 2011, por medio del cual se establecen los límites máximos de velocidad para garantizar la seguridad vial en estado de emergencia económica, social y ecológica, expedido por consecuencia de la ola invernal en el país.

Dicho decreto modifica el artículo 107 del Código Nacional de Tránsito de la siguiente forma:
“Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. En las carreteras nacionales y departamentales la velocidad máxima permitida posible será de cien kilómetros por hora. Para el servicio público, de carga y de transporte escolar la velocidad máxima permitida posible será de ochenta kilómetros por hora. Será obligación del ministerio de Transporte o de la gobernación respectiva realizar la debida señalización de los máximos efectivos permitidos de velocidad según las especificaciones de cada una de las carreteras en sus diferentes tramos, sin sobrepasar los máximos posibles anteriormente fijados. Estas mismas autoridades tendrán la obligación de reducir temporalmente los máximos efectivos permitidos de velocidad cuando las condiciones de las vías así lo aconsejen”.

Cohecha reiteró que las fotomultas no están violando ninguna ley, y que por el contrario, a beneficio de los conductores, a pesar de que la vía fue demarcada por el ministerio de Transporte en un límite de 40 y 60 kilómetros por hora en el tramo aledaño al foto-radar, la máquina está calibrada solo para tomar fotografías a vehículos que sobrepasen los 70 kilómetros por hora.

Asimismo, dijo que estos límites fueron impuestos porque se encuentran cerca a un centro poblado, y que el ministerio puede variar los rangos permitidos en la velocidad dependiendo de las condiciones de cada vía.

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