Tribunales de Cundinamarca y Bogotá levantaron el paro judicial

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El representante de los empleados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Superior de Bogotá, Diego Rayo, informó este domingo que los trabajadores que se encontraban en paro determinaron levantar el cese de las actividades.

Según Rayo, la determinación se dio al término de una asamblea en la que participaron 400 trabajadores de ese sector judicial, allí quedó por sentado que ese grupo de trabajadores judiciales no se sienten representados por las directivas de Asonal Judicial, quienes desde hace más de 35 día lideran el cese de las actividades.

Al levantamiento del paro también se unieron los tribunales de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, según el funcionario, se espera que en lo corrido de esta semana el resto de tribunales del país, que continúan en paro, se unan a la iniciativa y retomen sus actividades.

Agregó que continuarán reuniéndose con el Gobierno Nacional en las mesas de trabajado.

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Procurador General reitera llamado a terminar con paro judicial

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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, insistió este sábado en la necesidad de que los empleados de la rama judicial, que permanecen en paro, den por terminado de una vez por todas, el cese de actividades que completa 38 días.

El jefe del Ministerio Público reiteró su “llamado a quienes persisten en la negativa de normalizar la prestación del servicio esencial de justicia, para que se restablezcan sus labores y los exhorta a tener en cuenta las acciones que los diferentes actores del Gobierno Nacional, funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación han adelantado para superar esta grave situación”.

Ordóñez añadió que es necesario dar cumplimento al cuerdo firmado el pasado 6 de noviembre por la junta de Asonal y el Gobierno, en el que la nivelación salarial llevaría cinco años y sería por un valor de un billón 220 mil millones de pesos.

“Es preciso honrar y cumplir el Acta de Acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 por los diferentes representantes del Gobierno, de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en el que se reconoció el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992”, aseguró.

El representante del órgano de control recordó además que en dicho acuerdo los funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía se comprometieron a volver a labores el 7 de noviembre pasado, además que recuperarían el tiempo que dejaron de trabajar, así como la creación de una mesa técnica conformada por las partes negociadoras.

Ordóñez señaló que la administración de justicia es un servicio público esencial de los colombianos y que se está viendo vulnerado.

“La Constitución Política en el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, por lo cual esta función pública fue catalogada como un servicio público permanente, de carácter esencial por la Ley 270 de 1996 en su artículo 125 y tiene como fin último el cumplimiento de los cometidos estatales asignados a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se requiere una pronta y decidida administración de justicia”, puntualizó.

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Asonal y Gobierno firman el fin del paro judicial

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La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció anoche que finalmente firmó un acuerdo con el presidente del sindicato Asonal Judicial, Fernando Otálvaro, para levantar el paro de los trabajadores de la Rama Judicial.

En el acuerdo, el Gobierno se compromete a asignar $1 billón 220 mil millones para la nivelación salarial, que tendrá efecto entre enero de 2013 y enero de 2018.

“Con quienes firmamos el acuerdo son personas a las que les importa Colombia y la afectación que el paro le estaba trayendo a toda la ciudadanía. Hoy (ayer) se levanta el paro judicial, ese el compromiso. Debe ser levantando en este mismo momento”, puntualizó la ministra.

Hizo énfasis en que a partir de hoy los empleados están en la obligación de retomar sus labores, ya que, de no ser así, estarían incurriendo en desacato. “Tenemos claro que los funcionarios de la Rama y la Fiscalía están ansiosos por retomar sus tareas y confiamos que a las 8:00 a.m. todo esté en completa normalidad”.

Otálvaro, del sindicato, confirmó las declaraciones de la ministra, aunque aclaró que el levantamiento del cese de labores será por 45 días, mientras la mesa conformada entre empleados y Gobierno realiza algunos estudios. Si el Gobierno no les cumple, aseguró que volverán a la movilización social y al paro.

“Desde la 2:00 de la tarde nos reunimos, mejorando en algunos aspectos el acuerdo y además confirmando la comisión técnica que se expide a través de la resolución del Ministerio de Justicia, para que empiece a trabajar a partir de mañana (hoy) en esta nivelación y podamos conocer muy pronto los porcentajes y la clasificación de los salarios de los trabajadores, incluidos los de la Fiscalía”, explicó.

División

Existe una evidente división dentro de Asonal, si se tiene en cuenta que en la mañana de ayer Nelson Cantillo, integrante de la Junta Directiva del sindicato, afirmó que el cese no se levantaría bajo las cláusulas del citado acuerdo. Esto se dio, por ejemplo, en Caldas (ver recuadro).

La ministra, sin embargo, afirmó: “Fernando Otálvaro tiene la capacidad de representar a la organización y es el único que está legitimado para señalar disposiciones como el levantamiento del paro”.

Otálvaro aseguró que “un sector de las bases no ha entendido la necesidad de dar un compás para establecer los estudios que el Gobierno tiene”. Explicó que desde el comienzo de las negociaciones habían establecido un término para que les presentaran dichos estudios, el Ejecutivo les pidió 60 días y ellos lograron rebajarlo a 45 días.

Por eso, concluyó, espera que las bases del movimiento comprendan la necesidad de terminar con el paro.

La ministra dejó por sentado que, dentro del acuerdo, el Gobierno se compromete a pagarles a los trabajadores los días que dejaron de laborar siempre y cuando ellos recompensen el tiempo perdido.

Nivelaciones

Con la ley 4 de 1992, se ordenó una nivelación salarial de jueces y funcionarios de la Rama Judical con los magistrados de las altas cortes, quienes tienen un salario promedio de $19 millones mensuales, mientras que los jueces provinciales tienen sueldos cercanos a los $5 millones. La ley contempla que el sueldo de un funcionario sea entre el 70 % y 80 % del salario de su superior inmediato.

Explican los dirigentes sindicales que con el ánimo de conciliar, no se están basando en la nivelación ordenada en la Ley 4, donde consta la obligación de hacerla, sino en los resultados de un estudio contratado con una ONG europea por el Consejo Superior de la Judicatura, que indica un salario hasta del 51% del superior inmediato. Sin embargo, sería el 82 % para los empleados de menores ingresos, explicó Daniel Arango Bolívar, vicepresidente de Asonal Caldas.

“Aún no se ha definido un porcentaje y eso se debe dar en las mesas técnicas en cada departamento y a nivel nacional”, explicó.

En Caldas

Los funcionarios judiciales de Caldas desaprobaron ayer el texto del preacuerdo entre el Minjusticia y Asonal, lo que motivó que luego de un análisis decidieran continuar en cese de actividades. Daniel Arango Bolívar, vicepresidente de Asonal Caldas, informó que el preacuerdo no cumple con las expectativas, no deja claro de dónde saldrán los dineros, cómo se repartirán y cómo finalmente se hará la nivelación.

“Es muy satisfactorio que se reconozca que se debe la nivelación salarial. Se habla de $1 billón 220 mil millones que se entregarán en cinco años, pero que cada año se entregarán de a $220 mil millones. Así las cuentas no cuadran”, afirmó. Sus cálculos indican que quedan faltando $220 mil millones si la nivelación se hace a cinco años.

Fuera de eso, dijo, se vería afectado el presupuesto de la Fiscalía y de la Rama Judicial para la nivelación, con lo que se manifestaron en desacuerdo todos los miembros ayer en asamblea realizada en la mañana (foto). El documento dice que $120 mil millones, cada año, los entregará el Gobierno, y que los otros $80 mil millones los tomarán del presupuesto de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Los directivos sindicales no supieron si eran realmente las intenciones del Gobierno empezar la nivelación en el 2014, como lo dice el punto 2 del preacuerdo, o se debió a un error de digitación o redacción del documento.

Por este motivo indicaron que mantendrán sus exigencias de nivelación en cinco años, a partir del 2013, y de un nuevo documento de preacuerdo para volverlo a debatir en asambleas por regiones.

Minjusticia anuncia el fin del paro judicial

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La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció este miércoles que finalmente se firmó el acuerdo por parte del representante de Asonal Judicial, Fernando Otálvaro, para levantar el paro de los trabajadores de la rama judicial.

En el acuerdo, el Gobierno se compromete en asignar 1 billón 220 mil millones de pesos para la nivelación salarial que tendrá efecto a partir de enero de 2013 y hasta enero de 2018.

Correa enfatizó en que a partir de este jueves los empleados judiciales están en la obligación de retomar sus labores, de no ser así estarían incurriendo en desacato.

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Aún no se ha considerado conmoción interior a causa del paro: Minjusticia

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La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que pese a que ya se había abierto la posibilidad de llegar a unos preacuerdos con los representantes de la Rama Judicial, que están en paro, este no se concretó por la división en los integrantes de la Rama Judicial.

La referencia la hizo la jefe de la cartera de Justicia al hablar sobre las conclusiones a las que se llegó tras una reunión el viernes pasado en la que los trabajadores no aceptaron los términos que según Correa “ellos mismos habían planteado”.

“Esto demuestra la gran división que hemos evidenciado al interior de los representantes de la Rama Judicial”, señaló la funcionaria, quien insistió en que “el Gobierno tiene toda la voluntad para que se levante el paro y que aún no se ha pensado en decretar el de conmoción interior”.

De la misma manera, Correa reiteró que el Estado no pagará los salarios a quienes no han trabajado durante el paro.

Las declaraciones de la Ministra fueron dadas a conocer en la residencia de Correa, al norte de la ciudad.

Contralora General solicita declarar la ilegalidad del paro judicial

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La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, solicitó declarar la ilegalidad del paro judicial promovido por Asonal Judicial y el sindicato de la Fiscalía General, invocando que se trata de un servicio público considerado como esencial,  de acuerdo con la legislación vigente.

La demanda fue presentada por la Contralora General ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral.

La Constitución Nacional, el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000 y el artículo 125 de la Ley 1474 de 2011 otorgan competencia a la Contraloría General de la República para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, gestión que con ocasión del paro judicial actual se ha visto afectada, toda vez que tal situación ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.

En su argumentación, la Contraloría General de la República dice que se encuentra legitimada para dar inicio a este proceso, toda vez que la Nación, respecto de quien en este asunto ejerce la representación como empleadora de los miembros de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra en grave riesgo de resultar afectada patrimonialmente por las consecuencias propias del cese de actividades adelantado por los funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía General.

El paro de los funcionarios de la rama judicial y de la Fiscalía se inició el 11 de octubre y afecta parcialmente a las distintas regiones del país.

En su demanda la Contralora Sandra Morelli Rico pide que se declare la ilegalidad del paro de conformidad con el artículo 56 de la Constitución Política y el numeral 1. del Articulo 450 del Código Sustantivo del Trabajo

Igualmente pretende que se prevenga a los funcionarios de la rama judicial y de la Fiscalía para que reanuden las actividades en cada uno de los despachos judiciales y de la Fiscalía, en los que se adelanta el cese de actividades.

Así mismo, que se ordene la constitución de una comisión de verificación de la reanudación de actividades en los diferentes despachos judiciales, la cual debe presentar al tribunal de conocimiento, un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio público.

Causal invocada

La causal invocada para esta demanda de ilegalidad es la prevista en el numeral 1. del  artículo 450 del  Código Sustantivo del Trabajo, según la cual “la suspensión colectiva es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: a) cuando se trate de un servicio público”. Dicha causal fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia 473 de 1994 en la cual se declaró su exequibilidad bajo el entendido de que no puede ejercerse la huelga en aquellos servicios públicos definidos como esenciales por el legislador.

En la demanda, la Contralora Sandra Morelli Rico aportó diferentes documentos sobre el cese de actividades y la forma como se han cumplido los cierres y se obstaculizó el acceso a los despachos judiciales.

“La Ministra de Justicia tiene una actitud arrogante”: Asonal

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El presidente de Asonal Judicial, Fernando Otálvaro, aseguró que la decisión de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, de retirarse de la mesa de negociación con la rama judicial fue “arrogante y prepotente”.

De la misma manera, agregó que “ella manifestó que la propuesta que nos hizo era para que la acogiéramos, si no -dijo- la retiraba. Eso indignó a la mesa negociadora”.

El funcionario se refería al incidente del pasado lunes cuando la ministra de Justicia hizo una propuesta de entregarle a la rama judicial 1 billón 220 mil millones de pesos, muy cerca al billón 500 mil que han solicitado los funcionarios, diferidos a 6 años.

Sin embargo, señaló el directivo de Asonal, “nosotros esperábamos que el tiempo se redujera a 5 años y además que, a partir del 2013 se le otorguen 80 mil millones más para que la Fiscalía pueda empezar la nivelación en igualdad de condiciones que la rama judicial. Ella (ministra) se cerró a que no aceptaba nuestras propuestas”, aseguró Otálvaro.

El funcionario agrega que no aceptaron la propuesta debido a que son 20 años los que la rama lleva esperando la nivelación y agregó que “si aceptamos eso estaríamos hablando que la mayoría de funcionarios no tendrían derecho a ella, por eso es necesario rebajar a 5 años la posición del Gobierno”.

Otálvaro afirmó que el paro es legal y está amparado en las normas nacionales, ” entre ellas el convenio que ha firmado Colombia con la OIT, el paro seguirá en firme”.

El funcionario enfatizó en que hay cerca de 500 mil audiencias represadas en el país.

Y concluyó: “esta parálisis va a afectar cientos de casos pero a eso nos exponemos, además porque una persona pida su libertad por vencimiento de términos el caso no precluye, aquí no hay impunidad”.

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