El nombre de Blanca Jazmín Becerra Segura era desconocido por los colombianos hasta julio de 2011, cuando el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, la nombró en una rueda de prensa, señalándola como la cabeza de una organización que había desfalcado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Dos años después, la Fiscalía General continúa realizando las investigaciones que indican que este fraude no se habría centrado en Bogotá, sino que habría alcanzado diferentes regiones del país. Un grupo especial del ente acusador trabaja día a día, desde la llegada de Eduardo Montealegre al ente investigador, para tratar de esclarecerlo.
Pese a libertades que se han concedido en los últimos meses, en la Fiscalía consideran que las investigaciones y los procesos penales van por un buen camino. Menos optimista es Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, quien considera que el país hasta ahora conoce la punta del iceberg.
¿Cómo se realizó el desfalco?
El llamado Cartel de la Dian empezó a conocerse con la judicialización de Blahca Jazmín Becerra Segura, considerada el “cerebro” del desfalco, de acuerdo a denuncia interpuesta por la Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República.
Según lo ha manifestado la Fiscalía General, Becerra Segura “había conformado toda una organización delictiva”, con el objetivo de obtener devoluciones del impuesto del IVA. Como ex funcionaria de esta entidad, conocía cómo era el manejo de estos rembolsos, así que sabía de qué manera los podía obtener.
Las autoridades ya establecieron que el modo de operar inició en el sector de la chatarra, con la creación de tres tipos de empresas. Una proveedora que compraba o vendía chatarra, otra empresa que compraba pagando el correspondiente impuesto y una tercera, que era una comercializadora internacional, dedicada a exportar, supuestamente, la mercancía.
Cuando la comercializadora vendía, teóricamente, la chatarra hacia el exterior, tenía el derecho a que el Estado le devolviera el impuesto del IVA, pues así está consagrado como un beneficio tributario. Así, la empresa obtenía el dinero de la Dian, sin que realmente se hubiera realizado la exportación.
En la investigación la Fiscalía ha encontrado que estas empresas muchas veces tenían el mismo dueño o los propietarios tenían relaciones familiares. El dinero obtenido volvía a ingresar, con apariencia de legalidad, a la organización y se usaba para continuar con la operación de las empresas.
El desfalco a la Dian que ha podido establecer el ente acusador alcanza hasta la fecha los 112 mil millones de pesos.
El fiscal General dispuso de un equipo de trabajo de tareas especiales, conformado principalmente por ocho fiscales, que tienen como tarea exclusiva la investigación de este caso. Entre estos se encuentran miembros de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos y fiscales seccionales, cada uno apoyado en la Policía Judicial.
Capítulos por leer
Pero el capítulo de Blahca Jazmín Becerra no es el único que se está investigando, pues la información que se ha logrado obtener ha llevado a indagar sobre actuaciones similares que se estarían presentado en otras partes del país.
Una de ellas es Medellín, donde, para la Fiscalía, el jefe de la organización es José Aldemar Moncada, un empresario paisa que realizaba acciones parecidas a las de Becerra, con compañías que pertenecían a sus familiares. Moncada tiene dos condenas en firme, por ocho y nueve años de prisión.
El desfalco, según el ente acusador, en la capital de Antioquia habría alcanzado los 30 mil millones de pesos. Las investigaciones no han parado y se espera descubrir casos similares en Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Ibagué y Manizales.
Los sectores que se verían involucrados en estas indagaciones serían de los textiles, los pegantes y el cuero. Para la Fiscalía, existe “una organización macrocriminal que se dedicaba a desfalcar a la Dian”.
Siguiendo el dinero
Desde el ente acusador consideran que las investigaciones están avanzado, hasta tal punto que esperan hacer efectivas 150 órdenes de captura en los próximos meses. Para la Fiscalía, la investigación ha sido “contundente”, pese a las libertades que se les han otorgado a algunas de las personas involucradas.
Hasta el momento se han abierto 27 procesos penales en los que se encuentran judicializadas alrededor de 40 personas, por delitos como lavado de activos, falsedad, fraude procesal, estafa agravada y concierto para delinquir.
Diez personas han sido condenadas, están pendientes tres fallos condenatorios contra otras tres personas y 10 se encuentran en etapa de juicio. “Los resultados son alentadores”, explica el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo.
Esa tarea no se ha quedado en la judicialización de los supuestos culpables, sino que también ha ido a encontrar y recuperar el dinero del cual se apropiaron estas empresas. Para esto se han iniciado, al menos, siete acciones de extinción de dominio que, por ejemplo, han permitido poner bajo medidas cautelares 186 bienes de Blahca Jazmín Becerra y 124 bienes de José Aldemar Moncada, que habrían sido obtenidos de forma ilícita.
Para Rafael Merchán, secretario para la Transparencia, la labor no solo se trata de sancionar a las personas directamente involucradas, sino que también se deben recuperar los activos frutos de hechos de corrupción.
Los bienes extinguidos a Becerra, según la Fiscalía, alcanzan la suma de 15 mil millones de pesos, mientras que en el caso de Moncada, los 24 mil millones de pesos. “Nada sacamos con que haya condenas si no logramos ir tras esos bienes”, explica el Secretario para la Transparencia.
El objetivo, ha manifestado Merchán, no solo en este caso sino en otros en los que se hayan presentado actos de corrupción, es claro: ir tras el dinero. En esta tarea no se descarta fortalecer la cooperación con diferentes países, para ubicar bienes en el exterior que habrían sido comprados por medio de estas actividades ilícitas.
Trabajo coordinado
Para la Secretaría para la Transparencia, este caso es “un ejemplo de coordinación interinstitucional sólido y que da resultados”, en el que se destacan la labor de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dijín.
Además, se destaca que fue la misma Dian la que llevó la información a la Fiscalía para que se pudiera empezar a armar el rompecabezas de este desfalco. “Es un ejemplo de cómo una entidad con una cabeza que tenga priorizado el tema de la anticorrupción, puede tomar medidas supremamente drásticas y ayudar a los organismos de control a armar estos casos”, ha dicho Merchán.
Desde su llegada el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, encabezó este proceso, después de que tras cambios en los cargos directivos se empezaran a evidenciar las irregularidades. Ortega resalta que fueron los mismos funcionarios de la entidad los que se encargaron de investigar cómo se estaban robando dineros de la entidad.
Según el vicefiscal Perdomo estas actuaciones han permitido que el recaudo de la Dian por exportaciones haya “aumentado ostensiblemente” entre los dos y tres billones de pesos.
“Cuando se obtienen resultados concretos se mandan mensajes muy claros a la sociedad de que se está evitando que este dinero sea defraudado”, añadió el funcionario.
Libertades por vencimiento de términos
Pese a los avances en las investigaciones, en los estrados judiciales los principales implicados han quedado en libertad por vencimiento de términos. El abogado Orlando Bustos, defensor de algunos de los involucrados, explicó que desde el ente acusador se han presentado errores que han impedido el desarrollo de los procesos, hasta tal punto que las personas comprometidas dentro de la investigación han salido en libertad.
“La Fiscalía incurrió, desde el año pasado, en una serie de errores en el trámite del proceso, lo que ha generado una dilación atribuible exclusivamente a la Fiscalía”, expresó Bustos.
La última persona en quedar en libertad fue Luz Adriana Matamba, quien se encontraba en la cárcel desde julio de 2011 luego de que un juez la cobijara con medida de aseguramiento, tras su entrega voluntaria a la Policía. Esta mujer ha manifestado que fue engañada por Becerra Segura.
Otra de las personas a quienes se les ha revocado la medida de aseguramiento han sido Andrea Botina Montero, Jazmín Silva, Katherine Cano Martínez, Enrique Martínez y Fernando Quinceno, puesto que jueces de Conocimiento han avalado los argumentos presentados por la defensa de los procesados, con los que se manifestó que se habían superado los plazos establecidos desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio.
El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, en su momento, les hizo un llamado a los jueces para actuar en estos casos. “Requerimos de la acción de los jueces para que la lucha contra la delincuencia sea cada vez más eficiente”, dijo.
Además, en la Fiscalía recuerdan que estas personas siguen vinculadas a los procesos y tienen la convicción de que se demostrará su responsabilidad penal.
La punta del iceberg
Para Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, los colombianos no se han dado cuenta de la magnitud del problema que se está enfrentando y no duda en afirmar que lo que se conoce hasta ahora sólo es la punta de un iceberg en el que se están robando miles de millones de pesos.
Además critica estas liberaciones, pues considera que se ha entregado la información suficiente como para que los involucrados sean procesados.
Ortega añade que son desmoralizantes y mandan un mensaje de que “hacer trampa paga”. Del mismo modo, resalta el “enorme esfuerzo” de la Fiscalía y considera que han sido estrategias de los abogados las que han permitido que se presenten estas liberaciones.
El Director de la Dian, en diálogo con Colprensa, manifestó que han recibido presiones por medio de vehículos judiciales para que se tenga que devolver el IVA a las supuestas empresas fachadas. En primera instancia, la dian ha perdido los casos, pero cuando llegan a instancias superiores terminan por darle la razón a la entidad tributaria.
Para Ortega esto demuestra la capacidad de las personas que están detrás de estas organizaciones. El Director explica que serían bandas que necesitan lavar dineros ilícitos y usan a la Dian para lograr este objetivo.
Colaboración de los implicados
Aunque las libertades de estas personas podrían ser consideradas como un traspié, también se resalta la colaboración de algunos de los implicados en las investigaciones. En abril de este año, jueces prorrogaron los principios de oportunidad a los que han llegado tres de los involucrados.
Los beneficiados han sido José Norbey Garzón Fierro, Blahca Jazmín Becerra Segura y Sandra Liliana García, a quienes se les ha suspendido la persecución penal por delitos como falsedad en documento privado y exportación ficticia. La Fiscalía le pidió a un juez de Garantías que prorrogara el principio de oportunidad, argumentado que se han comprometido a ser testigos en otras investigaciones, entregando información para desvertebrar esta red.
Garzón Fierro ha entregado 26 carpetas con documentos referentes a estas actividades. Según el ente acusador, la información entregada para la investigación ha sido de importancia.
Por esto es que en la Fiscalía confían en que las personas que utilizaron falsos recobros del IVA para adueñarse de los recursos de las Dian van a ser prontamente judicializadas. Según el vicefiscal Perdomo, los datos entregados por las personas que están colaborando han permitido, por ejemplo, abrir las investigaciones en otras ciudades, como Medellín.
Por su parte, Ortega espera que con el trabajo coordinador de las entidades involucradas se demuestre el poder estatal para luchar contra la corrupción.
Tolima
Santa Fe
Nacional
Itagüí
Millonarios
Pasto
Cali
O. Caldas
Cúcuta
Junior
Medellín
Huila
Equidad
Chicó
Envigado
Alianza
Quindío
Patriotas
